La investigación judicial sobre la presunta trama vinculada a Leire Díez y Santos Cerdán se amplía con el registro de las sedes de Tubos Reunidos en Amurrio y Bilbao. La UCO ha actuado por orden del juez Santiago Pedraz y también ha solicitado documentación a la SEPI para analizar el rescate público de 112,8 millones de euros concedido a la compañía y posibles operaciones posteriores relacionadas con su deuda.
El caso también mantiene el foco sobre Leire Díez, cuyos audios revelan supuestos ofrecimientos de beneficios judiciales a investigados a cambio de información sobre jueces, fiscales y agentes policiales. Según las grabaciones, Díez afirmaba actuar con respaldo de contactos en Ferraz y Moncloa y defendía que su objetivo era «limpiar» las instituciones. La investigación trata de determinar el alcance real de estas actuaciones y sus posibles implicaciones penales.
Mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la actuación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, negando cualquier injerencia sobre la UCO y asegurando que las fuerzas de seguridad trabajan con plena independencia bajo control judicial.
La oposición ha elevado la presión política. El PP exige la dimisión de Marlaska y de Mercedes González, mientras que Sumar reclama más explicaciones al PSOE sobre las nuevas revelaciones. En paralelo, el conflicto en Oriente Medio sigue tensándose tras el rechazo de Hezbolá al alto el fuego negociado entre Líbano e Israel.
Edición · Jorge Quiroga
Realización · Marta Larriu
